El sistema de pensiones español enfrenta un desequilibrio estructural que compromete seriamente su viabilidad futura. Según un informe reciente elaborado por economistas de la Universidad de las Hespérides, las prestaciones que el Gobierno se ha comprometido a mantener superan en un 25% el ritmo de crecimiento económico que el país experimentará en las próximas décadas.
Este análisis parte de la comparación entre la Tasa Interna de Retorno (TIR) del sistema de pensiones —es decir, la rentabilidad efectiva que obtienen los jubilados respecto a sus cotizaciones— y las proyecciones de crecimiento del Producto Interior Bruto elaboradas por la Comisión Europea. Los datos revelan una brecha preocupante: mientras las pensiones ofrecen una rentabilidad del 2,61% anual, el PIB español crecerá apenas un 1,22% de media hasta 2070.
El peso del envejecimiento y la desaceleración productiva
La Comisión Europea ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para España debido a dos factores determinantes: el envejecimiento poblacional acelerado y la pérdida de dinamismo en la productividad. Estos elementos configuran un escenario en el que el número de cotizantes se reducirá progresivamente mientras aumenta el volumen de pensionistas, una ecuación insostenible si no se introducen reformas profundas.
El informe de la Universidad de las Hespérides explica que la TIR del 2,61% utilizada como referencia es la más conservadora entre los estudios recientes. Esta cifra incorpora únicamente el componente contributivo de las pensiones y excluye transferencias no contributivas. Además, tiene en cuenta el llamado «dividendo por supervivencia», que beneficia a quienes alcanzan la jubilación frente a quienes fallecen antes o quedan incapacitados, y emplea un tipo de cotización equivalente del 21,05% que refleja el coste real para el sistema.
Una promesa de pensiones muy por encima de lo sostenible
Si se contrasta esta rentabilidad con el crecimiento proyectado del PIB, la conclusión es clara: el sistema está prometiendo más de lo que la economía puede sostener. La brecha respecto al crecimiento histórico es de 0,37 puntos porcentuales, pero respecto al crecimiento futuro esperado asciende hasta 1,39 puntos. En el caso de utilizar la estimación más elevada de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que sitúa la TIR en el 3,7%, las brechas se amplían hasta 1,46 y 2,48 puntos respectivamente.
En términos prácticos, esto significa que el Gobierno está garantizando prestaciones aproximadamente un 25% superiores a las que serían actuarialmente sostenibles. Si se toma como referencia la estimación de la AIReF, el exceso de generosidad llegaría al 60%. Para lograr el equilibrio actuarial con el crecimiento proyectado, las pensiones deberían reducirse entre un 20% y un 37%, o bien las cotizaciones aumentar en proporciones similares.
El impacto en las finanzas públicas
Este desequilibrio tiene consecuencias directas sobre las cuentas públicas. El déficit contributivo de la Seguridad Social debe cubrirse mediante transferencias del Estado, que en última instancia se financian con impuestos presentes o futuros. La persistencia de este déficit genera una acumulación de deuda implícita que compromete la equidad intergeneracional y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Los expertos advierten de que el Ejecutivo ha venido presumiendo de una hucha de las pensiones creciente, pero esta situación oculta un endeudamiento cada vez más acuciante del sistema. Las transferencias desde otras partidas presupuestarias para financiar las pensiones públicas suponen ya una carga significativa que limita la capacidad del Estado para invertir en otros ámbitos prioritarios como educación, sanidad o infraestructuras.
En clave: Por qué importa
Este análisis pone de manifiesto que el modelo actual de pensiones en España opera con un déficit estructural que no puede sostenerse indefinidamente sin reformas. La promesa de mantener o incluso incrementar las prestaciones en un contexto de bajo crecimiento y envejecimiento poblacional obliga a plantearse decisiones difíciles: reducir las pensiones, aumentar las cotizaciones o incrementar la edad de jubilación son las alternativas que los expertos consideran necesarias para evitar que las generaciones futuras tengan que soportar una carga insostenible. La transparencia en el debate sobre la viabilidad del sistema resulta fundamental para garantizar la equidad intergeneracional y la confianza en las instituciones.
